Tras los cuestionamientos surgidos en torno a la autógrafa de la Ley 32743, que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo, el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, anunció la corrección inmediata del documento oficial.
A través de un comunicado firmado en calidad de "Presidente del Congreso", Torres aseguró que la norma en cuestión fue aprobada por ambas cámaras y enviada "conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado". No obstante, admitió la equivocación en la redacción del texto.
"Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó "Senado" en lugar de "Congreso". He dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato", se puede leer en el pronunciamiento.
"Corregir lo que corresponde también es un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad. Nuestra prioridad continúa siendo la misma: atender las urgencias del país", culmina.
Advertencias de los especialistas
La respuesta del titular del Parlamento se produjo a raíz de las observaciones formuladas por el exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes y el abogado Natale Amprimo. Ambos juristas cuestionaron que el documento haya sido presentado como si el Senado fuera el único órgano emisor de la ley.
Delgado-Guembes había advertido sobre este error de forma indicando que el procedimiento correcto, bajo el régimen bicameral, recae en el Congreso tras el consenso de ambas cámaras.
"En epígrafe, el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. No es que el Senado ha dado la ley siguiente", sostuvo el exoficial mayor, quien, además, criticó que el documento llevara únicamente las firmas del presidente y vicepresidente del Senado, omitiendo a la Cámara de Diputados.
En esa misma línea, el abogado Natale Amprimo enfatizó que "la ley no es del Senado, es del Congreso". Según su explicación, aunque la cámara alta aprueba o modifica la propuesta de los diputados y su reglamento faculta a su presidente a firmar y remitir la autógrafa (artículo 37, inciso f), la titularidad bajo la cual se envía el documento al Ejecutivo -y bajo la cual se recibirían eventuales observaciones- debe ser siempre a nombre del presidente del Congreso de la República.
