El uso del canon minero en las universidades públicas, el freno a la creación de nuevas casas superiores de estudio y las restricciones para mover recursos de obras públicas a otros gastos son los principales puntos que enfrentan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso en la discusión del Presupuesto Público 2027, según un análisis de RPP sobre el predictamen.
Y es que en ciernes está el debate de la Comisión Bicameral de Presupuesto y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, para continuar con la revisión del predictamen que establecerá los recursos del Estado para el próximo año.
Aunque ambas partes alcanzaron un consenso técnico en 133 de las 138 disposiciones evaluadas, cinco medidas siguen sin acuerdo que serán materia de disputa en la sesión que ha agendado para hoy el Parlamento.
Recordemos que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una partida de S/266 mil 506 millones, equivalente al 18,7% del producto bruto interno (PBI). Dicho monto representa un incremento de 3,5% en comparación con el presupuesto 2026.
Universidades públicas buscan utilizar los recursos del canon minero
Uno de los puntos de controversia recae en el artículo 82 que propone autorizar excepcionalmente a las universidades públicas a utilizar recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras, Focam y renta de aduanas, incluidos los saldos de balance, para financiar determinados gastos operativos.
Entre los usos contemplados figuran el mantenimiento, la investigación, las licencias de software, las patentes y la movilidad estudiantil.
La propuesta responde a las necesidades de financiamiento de las universidades públicas, que buscan disponer de recursos acumulados para atender gastos vinculados con su funcionamiento.
El desacuerdo propiamente gira en torno a la flexibilidad para utilizar estos fondos. Por un lado, la propuesta del Congreso busca ampliar sus usos, mientras que el MEF procura preservar las restricciones sobre los recursos determinados, cuya utilización está sujeta especialmente para inversión.
"Dichos recursos no pueden utilizarse, en ningún caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole", se lee en la propuesta del MEF.
El presupuesto para nuevas universidades enfrenta al Congreso y al MEF
El artículo 87 concentra otras dos medidas controvertidas. Se trata del financiamiento para poner en marcha 26 universidades públicas creadas por leyes del Congreso y una "moratoria (suspensión)" durante el 2027 para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas.
La propuesta contempla autorizar al MEF a realizar modificaciones presupuestarias para financiar la implementación inicial de las instituciones creadas mediante diversas leyes.
El problema es la puesta en funcionamiento de nuevas universidades que pueden requerir recursos para contratar docentes, personal administrativo y financiar servicios e infraestructura, entre otras necesidades.
Estos compromisos pueden extenderse a los siguientes años fiscales, por lo que no se limitan a una asignación presupuestaria inicial.
Por otro lado, la moratoria busca frenar la creación y autorización de nuevas universidades públicas durante el 2027, con las excepciones previstas en el texto.
"La moratoria no alcanza a aquellas universidades que cuentan con licencia institucional denegada ni a las universidades comprendidas en la Ley 30597, Ley que denomina Universidad Nacional de Música al Conservatorio Nacional de Música, Universidad Nacional Daniel Alomía Robles al Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco y Universidad Nacional Diego Quispe Tito a la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco y solamente cuentan con las carreras profesionales y especialidades que actualmente ofertan", reza el texto.
Caja chica municipal bajo la lupa
Uno de los puntos sin acuerdo en el presupuesto es la regla para que las empresas municipales y organismos descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima transfieran sus recursos a la alcaldía central.
La disposición autoriza que entidades municipales puedan pasar fondos a la sede central para pagar tanto obras como gasto corriente (operación diaria).
La discusión está en el control fiscal toda vez que el municipio busca margen para disponer de esos excedentes, mientras el MEF exige salvaguardas para garantizar que los traspasos no desfinancien los servicios públicos que prestan esas mismas empresas.
MEF busca evitar que los recursos de inversión financien planillas
Las dos disposiciones restantes corresponden a las restricciones para realizar modificaciones presupuestarias dentro de las entidades públicas.
En este punto, la discusión enfrenta la posición del MEF, que busca preservar los recursos destinados a inversión, con las demandas de mayor flexibilidad presupuestaria de distintas entidades y gobiernos subnacionales.
La preocupación fiscal es que los recursos inicialmente asignados a obras y proyectos de inversión terminen financiando gastos corrientes, como planillas u otras obligaciones operativas.
Por otro lado, una mayor flexibilidad permitiría a las entidades reasignar recursos disponibles para atender necesidades que surjan durante el ejercicio fiscal.
El predictamen recomienda aprobar la propuesta legislativa, pero las cinco disposiciones que permanecen sin consenso técnico podrían generar modificaciones durante la discusión parlamentaria.
